Financiando la infamia: la relación entre la falsificación de productos y el crimen organizado

Bajo el
título “Mira más allá”, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) acaba
de lanzar el pasado 14 de enero una
campaña de concienciación ciudadana orientada a dar a conocer la estrecha
relación que guarda la lacra de la piratería y la falsificación de productos
con el crimen organizado a nivel mundial. La campaña se materializa en un spot publicitario estrenado en la pantalla NASDAQ de Times Square de Nueva York y destinado a
retransmitirse a través de los medios de comunicación más influyentes en los
más de diez idiomas a los que ha sido traducido. A través de inversiones como ésta, la ONU demuestra que cada vez es más consciente del peligro que entraña
la piratería y la falsificación de productos así como de los perjuicios que
acarrean estos fenómenos a la sociedad y a sus miembros.

El negocio de
las falsificaciones mueve al año miles de millones de dólares alrededor del
mundo, dato que no pasa desapercibido para las redes de crimen organizado
internacional. Son numerosas las organizaciones delincuenciales que han sido
relacionadas con este tipo de tráfico comercial ilícito y cuya vinculación con
éste ha sido constatada. Basta citar que los grupos italianos la Cosa Nostra o
la Camorra Napolitana, así como la Mafia Rusa, han sido relacionados con
el tráfico de productos falsificados en operaciones realizadas por INTERPOL en
América Latina y por Europol en el Viejo Continente. En Asia, donde la
fabricación de productos de ínfima calidad que incorporan signos distintivos
ajenos es asombrosamente sencilla de llevar a cabo por su menor coste de
producción, grupos como los Yakuza japoneses o las Tríadas chinas dominan estos procesos de
producción y distribución con capacidad de extenderse por todo el planeta.

Órganos como
INTERPOL han alertado de que el mercado de falsificaciones tiene detrás, en no
pocas ocasiones, la tela de araña de una organización criminal internacional y
la financiación, a través de las ganancias que se obtienen por este tipo de
comercio ilícito, de muchos otros delitos como el tráfico de personas, el
blanqueo de dinero o el tráfico de drogas. Las reducidas penas aparejadas a los
delitos contra la propiedad industrial no hacen más que favorecer la
participación en ellos del crimen organizado, que encuentran un mercado
millonario (que incluso podría superar en beneficios al tráfico de drogas) y
para el que el castigo penal en caso de ser condenados se revela como ridículo
comparado con el lucro que les proporciona.

De Frank Schwichtenberg Vía Wikimedia

El tráfico de
productos falsificados mantiene una estrecha vinculación con los siguientes
delitos:

·  Blanqueo de capitales. Los criminales encuentran en la falsificación una
manera de lavar el dinero negro obtenido a través de sus diferentes actividades
delictivas. Mediante la introducción de dichos productos en las cadenas de
distribución ordinarias, haciéndolos pasar por originales a través de empresas
supuestamente legales, consiguen que el beneficio obtenido llegue limpio a los
jefes de dichos grupos.

·   Explotación laboral. Como se menciona en el spot de esta campaña, las
mafias dedicadas a la falsificación aprovechan la coyuntura de países
subdesarrollados para producir este tipo de mercaderías. Trabajar en
condiciones más que precarias, por sueldos ridículos o inexistentes y durante
interminables jornadas de trabajo es el pan de cada día de las miles de
personas (muchas de ellas menores) que sufren la explotación en las fábricas
por parte de estos grupos criminales.

·   Extorsión y soborno. Para posibilitar el flujo de artículos
defraudadores entre los distintos países, estas organizaciones recurren
habitualmente a los sobornos y la corrupción de cuantos individuos fueran
necesarios. Asimismo, la extorsión y las amenazas a distribuidores y
comerciantes que no quisieran “cooperar” entran también en juego en los delitos
contra la propiedad industrial.

·   Delitos tributarios (fraude fiscal).-  Según los datos
proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el valor de la mercancía
falsificada con la que se comercia alrededor del mundo en un año es de
alrededor de 250.000 millones de dólares, cifra que escapa al control de los
erarios públicos y llega íntegramente a las organizaciones criminales.

Aunque el
delito contra la propiedad industrial aún sigue contando con cierto grado de
tolerancia social y sea considerado como un delito “menor”, hay que
señalar que puede conllevar un gravísimo riesgo para la salud del consumidor.
La compra de falsificaciones no constituye un simple ahorro para el bolsillo
particular inocua para el resto de la sociedad sino que se colabora activamente
con la financiación del crimen organizado, se fomenta que continúe la
explotación de esclavos en las fábricas y se siguen engordando los bolsillos de
los “capos”. A diferencia del resto de actividades de las mafias
internacionales, la falsificación de productos tiene la ventaja de que
multiplica exponencialmente los consumidores potenciales, ya que sus
actividades no se dirigen a un puñado de pobres diablos, tampoco a señores de
la guerra africanos, ni a grupos terroristas. Se dirigen a personas
perfectamente normales y absolutamente ajenas a cualquier tipo de actividad
delictiva, aprovechando su desconocimiento acerca del daño que ocasiona el
adquirir uno de estos artículos tanto a ellos mismos como al conjunto de
víctimas que hay detrás. Resulta, por tanto, necesario concienciar a la
población de todo lo que hay detrás y mirar, de nuevo, más allá.