Crónica del desayuno de trabajo sobre falsificación de marcas en Internet, organizado por Elzaburu.
La falsificación de marcas es un fenómeno creciente que se ha fortalecido con el avance tecnológico. Los delitos contra la propiedad industrial e intelectual no causan un perjuicio privado, sino que afectan a toda la sociedad, algo reseñado por la firma Elzaburu, que en su defensa por la innovación empresarial, organizó recientemente la jornada de trabajo ‘Tendencias contra la falsificación de marcas a través de Internet’. Esta Mesa Redonda, que encuadró la realidad actual acerca de este fenómeno y esbozó los campos de actuación para atajarlo, estuvo moderada por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, perteneciente a la firma, que presentó el libro ‘Derecho de marcas y Proceso penal’, una obra que tiene como objetivo servir como referente en la materia.
Según datos recopilados en el libro, las empresas que usan intensivamente los derechos de propiedad industrial representan en la Unión Europea (UE) más de 25% del empleo, un 33% de la riqueza generada y, sólo en España, afectan a más de seis millones de puestos de trabajo. La falsificación de marcas se realiza a nivel multinacional en todo tipo de productos de uso diario, “incluso medicamentos, alimentos o prótesis, lo que constituye además un riesgo para la salud pública”, explicó Juan José Caselles. “En la lucha contra este problema nos encontramos con grandes barreras como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito” añadió.
Para José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marcas), el de las falsificaciones “es un negocio creciente del que no manejamos cifras exactas, pero cerca del 20% de las réplicas se venden online”, aceptando que “los tiempos de Internet y los de la Justicia son muy distintos”. Además, expuso que no es un problema que pueda resolverse en cada país, sino que se necesita el apoyo de la Comisión Europea (CE) para abordarlo, ya que los delitos se cometen de forma transnacional o multinacional. “La buena noticia es que parece que las plataformas de comercialización se empiezan a mover”, añadió.
Nuria Gené, la directora del Bureau du Champagne en España (CIVC), explicó de qué manera afecta la piratería a su negocio, debido a la frecuencia en la que se usa la denominación de origen del Champagne para todo tipo de comercios y productos, especialmente en la venta de falsificaciones de botellas. La amenaza para su negocio en España, noveno mercado con 4 millones de botellas en 2016, y en otros países, ha alcanzado tal gravedad que cerca del 40% de los empleados del Bureau se encargan ya de luchar contra la piratería.
Luis Manuel Vallés Causada, Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia, dijo que las colaboraciones con plataformas de otros países son cada vez más frecuentes ante este problema. “Intentamos hacer el máximo daño financiero a estas redes para que no puedan recuperarse y poder frenar así su actuación”, explicó.
“Todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”, según palabras de Manuel García Torres, Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial (UCDEV) en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. La falsificación comporta consecuencias dañinas para la sociedad, como riesgo a la salud pública, desprotección del consumidor, economía sumergida, contrabando, corrupción, evasión fiscal, blanqueo de capitales o financiación ilegal de otras actividades criminales. “Tenemos constancia de que en países como Bulgaria, la falsificación se ha usado incluso para apoyar económicamente al Estado Islámico”, explicó.
“Internet es un reflejo de la realidad: al igual que hoy se ve el top manta como algo normal y cotidiano, es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”, de acuerdo a Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, quien explicó que “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opaco y otros como las criptomonedas favorecen la venta online de estas réplicas” y que “el problema no es tanto normativo, sino de cumplimiento: los supervisores no están trabajando para frenar el problema”.
Como representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, Mª Pilar Rodríguez calificó este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”. Además, subrayó que la legislación del Tribunal de Justicia de la UE, que no permite conservar los datos de tráfico a favor de la libertad de los ciudadanos, pone trabas adicionales que dificultan la investigación. “Por fortuna, en el Ministerio ya se ha empezado a hablar de la posibilidad de crear un Fiscal de sala de propiedad intelectual para evitar el alto número de problemas que se encuentran las marcas en la tramitación de cada denuncia”, concluyó la fiscal.
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