La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que
acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se
anuncia como un paso necesario en
una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo
de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado
voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia
privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda,
entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro
Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los
fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita
el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser
localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google,
por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una
remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News
ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en
Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo
derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no
paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la
reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de
la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar
siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas
del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la
copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración
convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran
cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir
esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya
que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de
asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la
copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las
cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal
Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en
el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un
año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades
de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando
cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de
mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una
clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas
entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más
tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a
atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en
ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus
precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en
vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha
ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en
una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión
de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos
albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había
sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el
filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a
reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros
intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a
colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan
servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá
que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta
ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y
urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura
e integral de la Ley.