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Parlamento Europeo y Consejo, a la greña con la patente europea con efecto unitario. Siguiente capítulo, en septiembre de 2012

Ayer martes 10 de julio hubo debate animado en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Se trataba de evaluar la sugerencia del Consejo Europeo de 29 de junio de suprimir los artículos 6 a 8 de la «Propuesta de Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria»: en una palabra, quitarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posibilidad de interpretar con carácter uniforme el corazón del derecho de patentes, es decir, el derecho a impedir el uso directo o indirecto de la invención y los límites de la patente. Pues bien, la mayor parte de los diputados europeos se manifestaron claramente contrarios a esta supresión, consideraron que era una violación del proceso legislativo ordinario y decidieron reenviar el tema a la Comisión y al servicio jurídico del Parlamento. Más noticias, a partir de septiembre. 
Tras el fiasco provocado por el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia en marzo de 2011, la Comisión propuso el 26 de mayo de 2011 reorientar los trabajos a partir de tres instrumentos jurídicos que constituyen un solo paquete y que deben ser adoptados por los veinticinco Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, España e Italia excluidas: un Reglamento sobre la creación de protección mediante una patente unitaria, otro Reglamento limitado a las disposiciones sobre traducción y un Acuerdo internacional destinado a crear un sistema unificado de solución de litigios con un Tribunal unificado de patentes.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un “acuerdo político” el 5 de diciembre de 2011 quedando sólo por resolver una cuestión, a saber, la localización de la sede del nuevo Tribunal. Dado que el Consejo anunció que una solución podría ser adoptada a finales de junio de 2012, el Parlamento decidió esperar y someter el acuerdo político a votación en Primera lectura en el pleno del 4 de julio. Efectivamente, el Consejo Europeo anunció el 29 de junio que un acuerdo “a lo belga” había sido alcanzado (sede en París, salas especializadas en Londres y en Munich), pero que ello debería implicar la supresión de los artículos 6 a 8 del Reglamento base, tal como vienen demandando insistentemente desde hace tiempo los profesionales ingleses, alemanes y franceses y el Parlamento del Reino Unido en su informe publicado el 3 de mayo de 2012, con el argumento de que el Tribunal de Justicia no es un órgano especializado y que su intervención no hará sino encarecer y retrasar los procedimientos de infracción y de nulidad .

El Parlamento decidió el día 2 de julio no someter a votación el paquete el día 4 y convocar al Comité de Asuntos Jurídicos para ayer día 10. El resultado es conocido, aunque no podemos aún valorar si ello implica, en el contexto del juego de la oca, caer en el laberinto de la casilla 42, que reenvía a los jugadores a la 30 (es decir, un regreso de meses), o, lo que es peor, hacerlo en el pozo de la casilla 31 (es decir, esperar otros tres años a que alguien rescate el proyecto). En todo caso, cada día parecemás evidente que, tras cuarenta años de negociaciones, estamos en esta materia ante un singular ejercicio de «descafeinización» del proceso de construcción europea y de abandono de la convicción de que la propiedad industrial es uno de los elementos clave para la consolidación del mercado interior.

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