Se fija en cinco millones de euros la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013

Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a
aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la
distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción,
correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el
29% a los libros.

Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el
Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen
transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el
que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y
soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a
través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a
otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a
cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa
correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición
transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera
inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería
imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año
siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros
y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los
cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.

Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se
venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más
en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al
máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para
justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de
vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada
en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución
podría hacer peligrar el sistema actual.