A raíz de su presentación al Parlamento en septiembre pasado, la Secretaría de Estado de Cultura ha hecho público su Plan Estratégico para 2012-2015. El Plan comprende nada menos que 72 objetivos estratégicos agrupados en 5 categorías. Sólo 3 de ellos (ay!) aluden a la «propiedad intelectual».
Los objetivos, además, no dejan de ser tan ambiguos como contradictorios. Por ejemplo, el Plan propone al mismo tiempo fortalecer legalmente la «vía jurisiccional» como cauce para la defensa de la propiedad intelectual en Internet, pero también reforzar los medios y las posibilidades de actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. ¿En qué quedamos? El Plan alude al objetivo de adaptar el modelo de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, haciendolo más justo, equitativo e impulsor de la cultura en la Red, pero sólo concreta como proyecto regular las diferentes facultades de las administraciones públicas en relación con el «control» de las entidades de gestión. Y el Plan se refiere por último al propósito de actualizar los límites y excepciones a los derechos, proponiendo una nueva regulación que adecúe la nueva realidad digital al equilibrio entre la protección del autor y la protección del interés general.
Cualquiera podría interpretar de este Plan Estratégico que toda la preocupación del Gobierno en materia de propiedad intelectual para esta legislatura estriba, por tanto, en mantener el apoyo al sitema «Sinde» resolución de conflictos en Internet, en aumentar el control sobre las entidades de gestión y en limitar todavía más los derechos de la propiedad intelectual. Esperemos que se trate de un error de apreciación.
