El TJUE mueve ficha: la digitalización de obras por las bibliotecas

Las
reglas del juego en materia de digitalización están un poco más claras ahora
gracias a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 en el Asunto
C-117/13, TU Darmstadt. ¿O
será más bien al contrario?

La sentencia trae causa de un litigio surgido en Alemania entre la
Technische Universität Darmstadt, una biblioteca de acceso público, y Eugen
Ulmer KG, editora de un libro sobre historia contemporánea. La Biblioteca había
digitalizado el libro para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos
de lectura electrónica que tiene instalados en sus locales. Los usuarios de los puestos de lectura
podían imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una
memoria USB y de esta forma sacarla de la biblioteca. TU Darmstadt, además, no había aceptado la propuesta de la editorial
de adquirir y utilizar los manuales que ésta editaba en formato de libro
electrónico (e-books).

Las posiciones de una y otra parte habían recibido el apoyo de
federaciones y asociaciones de bibliotecas y de editores, habida cuenta la
importancia del asunto y la experiencia «piloto» que el procedimiento
representa. Así había sido calificado el caso por el propio Abogado General.

Al
margen de ciertas disposiciones propias del Derecho alemán, la Sentencia examina
el alcance de las
disposiciones que la
Directiva 2001/29 dedica
a las Bibliotecas. En su artículo 5.2.c)
la Directiva advierte que los Estados miembros podrán
establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en relación con
actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al
público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio
económico o comercial directo o indirecto.
Por su parte el artículo 5.3.n) añade que los
Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos
cuando
el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta
a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de
terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos
mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran
en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de
licencia.

Como suele suceder de un tiempo a esta parte, El Tribunal a la
hora de decidir el asunto da una de cal y otra de
arena.

La
primera cuestión que se plantea el Tribunal es la
de si las obras y prestaciones protegidas «son objeto de condiciones de
adquisición o de licencia», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n),
de la Directiva 2001/29, cuando el titular de los derechos sobre las mismas
propone a un establecimiento de los mencionados en esa disposición, como las
bibliotecas accesibles al público, la celebración, con condiciones adecuadas, de
contratos de licencia de utilización de aquéllas. Ulmer
argumentaba que
el mero hecho de que el titular de los derechos sobre la obra haya propuesto a
una biblioteca accesible al público la celebración de un contrato de licencia o
de utilización de la obra basta para excluir la aplicación del artículo 5,
apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Pero
el Tribunal se muestra contrario a esta interpretación y concluye que
el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia», que figura en el
artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en
el sentido de que implica que el titular de los derechos y la biblioteca, han
celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se
especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla.
Por lo tanto la excepción no puede ser excluida

En lo sucesivo las Bibliotecas tendrán que revisar sus criterios
de actuación en razón de la forma en que las normativas nacionales acotan o
amplían el límite establecido en la Directiva y de la propia interpretación del
límite por parte del TJUE.

N.B. Se ofrece una versión inglesa de este post en el Blog de IMPACT